Un informe de valoración en la Ley de Segunda Oportunidad es el documento técnico que fija el valor razonable de los bienes y derechos de una persona física deudora, de modo que el juez, la administración concursal y los acreedores sepan con qué patrimonio se cuenta para pagar y qué deudas pueden quedar exoneradas. No es un requisito formal en todos los casos, pero resulta decisivo cuando hay vivienda, participaciones en sociedades o activos discutibles. Un valor mal calculado puede bloquear el plan de pagos o la exoneración.
La Ley de Segunda Oportunidad permite a las personas naturales, sean o no empresarias, cancelar deudas que no pueden atender si cumplen los requisitos legales. Detrás de esa promesa hay un trabajo patrimonial minucioso: inventariar lo que se tiene, valorarlo con criterio y explicarlo de forma que resista la revisión de quienes tienen interés en cobrar.
Qué regula la norma y dónde interviene la valoración
El mecanismo de exoneración del pasivo insatisfecho se regula en el Libro Tercero del Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, y fue reformado de forma sustancial por la Ley 16/2022. La persona deudora de buena fe puede obtener la exoneración mediante dos vías: la liquidación de su masa activa o la aprobación de un plan de pagos. En ambas, el patrimonio y su valor tienen peso.
La valoración interviene en varios momentos:
- Al formular la solicitud, cuando el deudor debe presentar un inventario de bienes y derechos y una relación de acreedores y de ingresos.
- En la liquidación, porque el valor de los activos determina cuánto se obtiene para repartir y con qué plazos.
- En el plan de pagos, ya que la capacidad de pago se mide en relación con el patrimonio y los ingresos previsibles.
- Cuando hay garantías reales, ya que el crédito goza de privilegio especial solo hasta el valor de la garantía y el resto se clasifica según su naturaleza, normalmente como crédito ordinario.
Por eso conviene tratar la valoración como una pieza de la estrategia y no como un trámite posterior. Cuanto mejor documentada esté, menos espacio queda para impugnaciones.
Qué bienes suelen requerir informe de valoración
No todo patrimonio necesita informe pericial. Un saldo bancario o un vehículo con valor de mercado conocido se acreditan con documentos simples. Los casos que sí justifican un dictamen son aquellos en los que el valor depende de un criterio técnico:
| Bien o derecho | Por qué conviene valorarlo |
|---|---|
| Vivienda habitual y otros inmuebles | Su valor frente a la hipoteca decide cuánto queda como deuda sin garantía |
| Participaciones en sociedades no cotizadas | No tienen precio de mercado; exigen método y contraste |
| Negocio o establecimiento del autónomo | Puede tener valor de traspaso o de fondo de comercio |
| Derechos de crédito y cuentas por cobrar | Requieren estimar su cobrabilidad real |
| Propiedad intelectual o activos intangibles | Su valor depende de ingresos futuros esperados |
| Bienes de uso profesional | El valor de liquidación difiere del valor en uso |
En muchos concursos de personas físicas empresarias, la discusión se concentra precisamente en las participaciones sociales y en el establecimiento, porque son los activos más difíciles de valorar y los que más afectan al reparto entre acreedores. Para abordar esa parte con método, la valoración de empresas y activos aporta criterios de descuento de flujos, comparables y patrimonio ajustado.
Valor de mercado, valor de liquidación y valor razonable
Una confusión frecuente es emplear una sola cifra para todos los fines. En un contexto de insolvencia conviene distinguir al menos tres conceptos:
- Valor de mercado o razonable: lo que se obtendría en una venta ordenada con tiempo suficiente y partes informadas.
- Valor de liquidación: lo que se obtendría en una venta forzada o rápida, normalmente inferior.
- Valor en uso: el que tiene el bien para quien lo explota, relevante en negocios en funcionamiento.
Cuál se utiliza depende del objetivo. Para decidir si un plan de pagos es viable, suele interesar el valor razonable; para estimar lo que se recuperaría en una liquidación, el de liquidación. Un buen informe indica con claridad qué valor presenta, con qué hipótesis y a qué fecha, porque un juez o un acreedor que lea una cifra sin contexto puede malinterpretarla.
El tratamiento de las deudas con Hacienda y la Seguridad Social
Los créditos de derecho público reciben un tratamiento específico en la exoneración. La norma permite exonerarlos, pero con límites cuantitativos por acreedor público que deben consultarse en la redacción vigente del Texto Refundido (artículos 486 y siguientes), ya que la cuantía y el régimen han cambiado con las reformas. Para la persona deudora con deudas tributarias, esto significa que el patrimonio disponible importa tanto frente a los acreedores privados como frente a la Administración, y que conviene conocer de antemano qué parte de esa deuda es susceptible de exoneración.
Si además existe un procedimiento de derivación de responsabilidad, el análisis se complica. Sobre ese escenario puede resultar útil la guía sobre cuándo se necesita un especialista en defensa fiscal ante Hacienda.
Cómo se prepara un informe de valoración para este procedimiento
La calidad del informe depende de la calidad de los datos. Un trabajo ordenado suele seguir estos pasos:
Recopilación documental
Se reúnen escrituras, notas registrales, cuentas anuales, declaraciones tributarias, contratos y extractos. La documentación de la persona deudora es el punto de partida, y su integridad es una condición de buena fe que el juez puede valorar.
Definición del encargo y de la fecha
Se concreta qué bienes se valoran, para qué finalidad y a qué fecha. La fecha de referencia debe ser coherente con la de la solicitud de exoneración o con la del inventario presentado.
Elección y contraste de métodos
Se selecciona el método más adecuado a cada activo y se contrasta con otro enfoque cuando es posible. En participaciones y negocios, se aplican descuento de flujos y múltiplos; en inmuebles, comparables de mercado y, si procede, capitalización de rentas.
Redacción con límites declarados
El informe expone hipótesis, limitaciones y sensibilidad. No oculta las incertidumbres, porque sabe que será leído por partes con intereses opuestos.
Un ejemplo hipotético
Imaginemos, con fines puramente ilustrativos, a un autónomo que ejerce a través de una sociedad limitada de la que posee el 100 por cien, con una deuda personal elevada derivada de avales. La administración concursal parte del patrimonio neto contable de la sociedad como valor de las participaciones, pero ese balance incluye existencias obsoletas y cuentas por cobrar de dudoso cobro. Un informe de valoración ajusta esas partidas, estima el valor de explotación y concluye que las participaciones valen menos que el neto contable, aunque más que cero. Esa cifra se incorpora al inventario, con una explicación de las hipótesis. El resultado práctico es un plan de pagos realista, que los acreedores pueden examinar sin sospechar de infravaloración.
Se trata de un supuesto inventado, que sirve para ilustrar cómo una valoración razonada puede ahorrar conflictos posteriores.
Errores frecuentes
- Omitir bienes o infravalorarlos, lo que puede comprometer la buena fe exigida para exonerar.
- Utilizar el valor catastral o el contable como si fuera el valor de mercado.
- Presentar una única cifra sin indicar la finalidad ni la fecha.
- No distinguir entre bienes afectos a la actividad y bienes personales.
- Empezar a valorar cuando el plazo para presentar la documentación ya está casi agotado.
Hacienda y acreedores también son parte
En un procedimiento de insolvencia, la Administración tributaria es un acreedor más, con sus reglas de privilegio y de exoneración, pero sin un papel superior en la discusión de los valores. Su posición puede cuestionarse con prueba, y el informe pericial es un medio de prueba reconocido por la ley. Quien afronta este proceso se beneficia de contar con una asesoría legal y fiscal que coordine la parte concursal y la parte tributaria, y de un perito que documente el patrimonio con independencia. La acreditación del cumplimiento de requisitos mediante informes técnicos refuerza, además, la confianza del juez en los datos aportados.
Conclusión
Un informe de valoración bien hecho facilita la Ley de Segunda Oportunidad porque convierte el patrimonio de la persona deudora en cifras comprensibles y defendibles. No garantiza la exoneración, que depende de requisitos legales y de la decisión judicial, pero reduce el riesgo de impugnaciones y permite negociar el plan de pagos sobre datos. Conviene encargarlo pronto, definir su finalidad y mantener la coherencia con el inventario presentado.
Preguntas frecuentes
¿Es obligatorio presentar un informe de valoración para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?
No existe una obligación general de informe pericial en todos los casos, pero sí de presentar un inventario de bienes y derechos. Cuando hay activos complejos, un informe respalda las cifras y evita discusiones.
¿Puede la administración concursal discrepar de mi valoración?
Sí. Puede proponer otros valores o cuestionar las hipótesis. Por eso el informe debe estar documentado y mostrar sus fuentes y su método.
¿Se valora igual la vivienda habitual que un negocio?
No. La vivienda se valora normalmente por comparables de mercado; un negocio o unas participaciones requieren métodos de flujos, múltiplos o patrimonio ajustado.
¿Qué ocurre con las deudas tributarias?
Los créditos públicos tienen un régimen propio de exoneración con límites. Conviene revisar la redacción vigente del Texto Refundido de la Ley Concursal y analizar el caso concreto.
¿Cuándo conviene encargar el informe?
Antes de presentar la solicitud o, al menos, antes de cerrar el inventario. Un informe encargado a última hora ofrece menos garantías y menos tiempo para corregir errores.
Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado