Las clínicas de traumatología tributan de forma muy distinta según se trate de cirugía, rehabilitación, material ortopédico o preparación física. Una liquidación de IVA suele surgir de esa diferencia y puede recurrirse durante un mes desde su notificación. La defensa se apoya en la finalidad clínica de cada prestación y en la factura que la refleja.
Clínicas de traumatología: el IVA según el tipo de prestación
El artículo 20.Uno.3.º de la Ley del IVA exime las prestaciones de asistencia sanitaria, incluidas las de diagnóstico, y comprende expresamente a los fisioterapeutas cuando actúan en ese ámbito. La exención exige una finalidad diagnóstica, terapéutica o curativa que la clínica pueda demostrar con la historia clínica. Una intervención sobre una rotura de ligamento, una infiltración guiada por ecografía o un programa de rehabilitación tras una fractura cumplen sin dificultad ese requisito.
La dificultad empieza en las actividades próximas. Un programa de preparación física para deportistas, unos masajes de relajación o la venta de productos sin indicación clínica no son asistencia sanitaria y tributan al tipo general del 21 %. Si la clínica mezcla ambas líneas de negocio en la misma estructura, sin tarifas ni facturación diferenciadas, la Administración puede sostener que la parte no acreditada como sanitaria está sujeta y no exenta, y practicar la liquidación correspondiente.
Prótesis, implantes y material: ¿servicio exento o venta aparte?
Una cuestión específica del sector es el tratamiento del material. Cuando una prótesis de rodilla o un implante se entrega y se coloca durante una cirugía, suele integrarse en la prestación sanitaria única y comparte su exención. Si, por el contrario, la clínica vende una ortesis o un producto ortopédico de forma independiente, el análisis cambia: la venta puede quedar sujeta e incluso beneficiarse de un tipo reducido cuando el producto cumple las condiciones del artículo 91 de la Ley del IVA. Presentarlo como una regla automática sería un error; hay que examinar el producto y la operación concretos.
Por eso las liquidaciones en este punto se defienden con documentos operativos: el parte quirúrgico y la hoja de implantes, el contrato o presupuesto que muestra si el paciente contrata una intervención completa o compra el material por separado, y la política de precios. La coherencia entre lo que se contrató, lo que se hizo y lo que se facturó es el argumento más sólido.
Prorrata, equipos y otros ajustes habituales
- Prorrata: al realizar operaciones exentas y sujetas, el IVA soportado solo es deducible en la proporción que resulte de los artículos 102 y siguientes de la Ley del IVA.
- Sectores diferenciados: si la clínica desarrolla actividades con porcentajes de deducción que difieren en más de 50 puntos, el artículo 9.1.º.c) puede permitir tratarlas por separado, con contabilidad independiente.
- Equipos: aparatos de radiología, ecógrafos y mobiliario quirúrgico se amortizan con los límites del artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, con un máximo del 15 % lineal y 14 años para los equipos médicos.
- Operaciones vinculadas: arrendamientos y servicios entre la clínica y sociedades de los socios deben valorarse a precio de mercado según el artículo 18.
- Cobros en efectivo: el límite general es de 1.000 euros cuando interviene un empresario o profesional.
Un cambio de calificación en cualquiera de estas partidas arrastra a las demás. Si la preparación física pasa a considerarse actividad no exenta, aumenta el peso de las operaciones gravadas, varía el porcentaje de prorrata y se recalcula la deducción de ejercicios anteriores. Por eso conviene pedir el detalle de cálculo de la liquidación y comprobar paso a paso cada magnitud antes de redactar el recurso.
Cómo estructurar el recurso y qué plazos controlar
En el procedimiento de inspección, la Ley General Tributaria establece un plazo general de 18 meses, ampliable a 27 en los supuestos previstos; superado el límite sin una causa que lo justifique, las actuaciones pierden parte de su eficacia respecto de la prescripción. Es un motivo de defensa que siempre debe verificarse mirando las fechas del expediente, incluidas las dilaciones imputadas al contribuyente, que se descuentan del cómputo.
Una vez dictada la liquidación, las vías son la reposición y la reclamación económico-administrativa, ambas en un mes, y después la vía contencioso-administrativa. El recurso debe separar los motivos formales (falta de motivación, defectos de notificación, caducidad) de los materiales (calificación de las prestaciones, cálculo de la prorrata) y terminar con una petición subsidiaria sobre la sanción. En contextos de deportistas y clubes, donde la relación contractual condiciona la tributación, resulta ilustrativo el análisis de una liquidación a un futbolista con contrato neto.
La prueba que marca la diferencia
Un expediente de traumatología bien defendido reúne volantes de derivación, informes de pruebas de imagen, partes de intervención, protocolos de rehabilitación firmados por el facultativo y registros de asistencia que muestren que el tratamiento fue pautado y no meramente demandado. Si la discusión incluye importes elevados o varios ejercicios, un informe pericial tributario ayuda a ordenar la información económica y a presentar al órgano revisor una cuantificación alternativa. Sobre el valor procesal de esta prueba, véase el artículo sobre la prueba pericial ante el TEAR y los tribunales.
Como referencia sustantiva, la guía de fiscalidad de las clínicas de traumatología explica con más detalle los criterios de exención, prorrata y amortización que se utilizan en este tipo de recursos.
Preguntas frecuentes
Está exenta cuando constituye asistencia sanitaria con finalidad terapéutica y la presta personal cualificado. Los masajes sin indicación clínica o la preparación física general tributan al 21 %. La historia clínica y la pauta del facultativo son la prueba para demostrar que el tratamiento era sanitario.
Cuando se entrega y se coloca dentro de una intervención, suele integrarse en la prestación sanitaria y compartir su exención. Si se vende de forma independiente, el análisis es distinto y puede aplicarse un tipo reducido si cumple los requisitos. Hay que revisar el contrato y la factura.
El plazo general es de 18 meses, ampliable a 27 en los casos previstos por la ley. Superado sin causa justificada, las actuaciones pierden eficacia interruptiva de la prescripción. Es esencial revisar las fechas, las dilaciones atribuidas al contribuyente y las ampliaciones acordadas antes de decidir la estrategia.
Ambas se presentan en un mes y son alternativas. La reposición es más ágil y sirve para corregir errores de cálculo. La reclamación ofrece una revisión por un órgano independiente y suele convenir cuando hay un desacuerdo jurídico de fondo, como la calificación de las prestaciones. La elección depende del caso.
Por Luis Miguel Larriba, Socio Director de LRB Tax & Legal. Contenido informativo.
Si su clínica ha recibido una propuesta de regularización o una liquidación de IVA, puede consultar su caso en Contacto@LRB.es o en el +34 684 234 831.