Una segunda opinión pericial es el análisis independiente que un perito realiza sobre una propuesta de liquidación o de regularización de Hacienda para determinar si sus cifras, su método y su fundamentación se sostienen antes de aceptarla o de alegar contra ella. Conviene pedirla cuando la propuesta se apoya en valoraciones, estimaciones o calificaciones discutibles y queda poco plazo para responder. Permite decidir con datos si se firma, se alega o se recurre.
Recibir una propuesta de liquidación genera una reacción comprensible: la mayoría de los contribuyentes se pregunta si el importe es correcto y si merece la pena discutirlo. Una segunda opinión experta sirve exactamente para eso: revisar con criterio técnico lo que la Administración afirma, sin necesidad de asumir todavía un recurso ni una estrategia concreta.
Qué es una propuesta de liquidación y qué plazos conlleva
En los procedimientos de gestión y de inspección, la Administración puede notificar una propuesta antes de dictar la liquidación definitiva. Esa propuesta contiene los hechos que considera probados, la calificación jurídica y la cuantificación de la deuda, y abre un trámite de alegaciones. Los plazos varían según el procedimiento: en la comprobación limitada, la propuesta de liquidación va seguida de un trámite de alegaciones de diez días, y en la inspección, el acta de disconformidad concede un plazo de quince días para alegar, de acuerdo con la Ley General Tributaria y su reglamento de desarrollo. Cada notificación indica el plazo aplicable, y conviene leerlo con atención, porque los días cuentan desde el siguiente al de la notificación.
Una vez dictada la liquidación, quedan dos opciones de impugnación: el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa, ambos en el plazo de un mes. Por eso la revisión pericial resulta más útil antes, cuando aún se puede influir en la propuesta, que después, cuando ya hay un acto firme en vías de recurso. Para entender el trámite de alegaciones, resulta útil la guía sobre límites legales y cómo impugnar la propuesta de liquidación.
Cuándo tiene sentido pedir una segunda opinión pericial
No todas las propuestas requieren peritaje. Un error aritmético o un dato mal cruzado se corrige con documentos. La segunda opinión pericial aporta valor cuando la discrepancia gira sobre cuestiones técnicas:
- Valoración de bienes, derechos o participaciones sustituida por otra de la Administración.
- Estimación de ingresos o márgenes basada en ratios sectoriales o en reconstrucciones indirectas.
- Gastos cuestionados por falta de necesidad, de correlación o de justificación.
- Operaciones entre partes vinculadas con precios que la Administración considera ajenos al mercado.
- Calificación de una operación como carente de motivo económico válido.
- Cálculos complejos, como prorratas, imputaciones o ajustes de periodificación, cuya corrección no es evidente.
Si la discrepancia es puramente jurídica, por ejemplo la interpretación de una norma, la segunda opinión relevante será la de un abogado tributarista. En muchos expedientes ambas son necesarias y se complementan.
Qué revisa el perito en una propuesta de regularización
La revisión no consiste en repetir el trabajo de la Administración, sino en comprobar si resiste un examen riguroso. Un análisis ordenado recorre varias capas:
Los hechos y la prueba
El perito verifica que los hechos descritos coinciden con la documentación del expediente, que no se han omitido datos favorables al contribuyente y que las fuentes utilizadas son fiables. Una propuesta puede apoyarse en información de terceros que contiene errores o que no se ha contrastado con el obligado tributario.
El método de cuantificación
Se examina qué método se ha empleado para llegar a la cifra y si es adecuado a la naturaleza del asunto. Si se ha aplicado un criterio general a una situación particular, o si se han mezclado periodos distintos, el cálculo puede estar distorsionado.
Los cálculos y las bases
Se reproducen las operaciones para detectar errores de cálculo, duplicidades de ajustes, aplicación incorrecta de tipos o deducciones no reconocidas sin explicación. Esta tarea es mecánica pero decisiva, y sorprende con frecuencia.
La coherencia con la normativa y con los precedentes
Sin sustituir el análisis jurídico, el perito puede señalar si el tratamiento dado es compatible con el marco aplicable y con los criterios habituales del sector.
El efecto sancionador
Si la propuesta incluye sanciones, el análisis técnico puede aportar elementos para valorar si concurre culpabilidad o si existía una interpretación razonable de la norma, aspectos en los que los hechos importan tanto como el derecho.
| Elemento revisado | Pregunta que responde |
|---|---|
| Hechos y prueba | ¿Lo afirmado está acreditado y completo? |
| Método | ¿Es adecuado al caso concreto? |
| Cálculos | ¿Se reproducen las cifras sin errores? |
| Coherencia normativa | ¿Se ajusta al tratamiento aplicable? |
| Sanción | ¿Hay elementos que afecten a la culpabilidad? |
Qué puede salir de la revisión
El resultado de una segunda opinión no es siempre una refutación. Las conclusiones posibles se agrupan en tres escenarios:
- La propuesta es sólida. El perito confirma que las cifras son razonables. Es una información valiosa: permite valorar la conformidad, con o sin acuerdo, y evitar gastos de un recurso con pocas posibilidades.
- La propuesta es parcialmente errónea. Se detectan partidas concretas que no se sostienen. El contribuyente alega solo sobre ellas, con una cuantificación alternativa, lo que mejora la credibilidad del escrito.
- La propuesta carece de base técnica suficiente. El informe documenta por qué la cifra no puede mantenerse, y sirve como prueba en las alegaciones y en los recursos posteriores.
En cualquiera de ellos, la información obtenida mejora la decisión. Un dictamen honesto indica también los límites de su análisis y los datos que faltan, lo que evita falsas expectativas.
Un ejemplo hipotético
Supongamos que una pequeña empresa recibe una propuesta de regularización por el Impuesto sobre Sociedades en la que la Administración rechaza una parte de los gastos por consultoría, alegando que no hay evidencias de servicios efectivos, y recalcula la cuota. El administrador tiene diez días para alegar. En lugar de redactar un escrito genérico, encarga una revisión pericial urgente. El perito comprueba que los entregables existen, que los honorarios son comparables a los del mercado y que una parte del importe rechazado se calculó dos veces. Con ese análisis, el escrito de alegaciones reconoce un pequeño ajuste y se opone con prueba al resto. La propuesta final se reduce de forma considerable.
El caso es ficticio, pero muestra cómo una revisión rápida puede convertir una reacción defensiva en una respuesta estructurada.
Qué documentación facilitar al perito
- La notificación completa de la propuesta y, si se tiene, el expediente administrativo.
- Las declaraciones presentadas y su contabilidad de soporte.
- Contratos, facturas, correspondencia y entregables vinculados a las partidas discutidas.
- Los requerimientos previos y las respuestas ya presentadas.
- Cualquier informe interno o de asesores anteriores.
Cuanto más completa sea la información, más útil será el análisis. Si el plazo es corto, conviene priorizar las partidas de mayor importe y solicitar la ampliación del plazo cuando proceda y exista base para ello.
La Administración es una parte más
Conviene recordar que la propuesta de liquidación expresa la posición de la Administración, no una verdad ya establecida. Esa posición debe motivarse y puede contradecirse con prueba. El dictamen pericial es un medio de prueba reconocido, y el contribuyente tiene derecho a que se valore con el mismo cuidado que los informes de los órganos administrativos. Para completar la estrategia, es habitual coordinar la revisión técnica con una defensa fiscal con LRB, que se ocupa de los argumentos jurídicos y de los plazos, y con la información sobre defensa en una inspección de la AEAT cuando el expediente ha llegado a esa fase.
Cómo integrar la segunda opinión en las alegaciones
El informe no sustituye al escrito de alegaciones; lo refuerza. Conviene que cada alegación remita a un apartado del informe, que los anexos estén numerados y que las cifras alternativas coincidan con las del dictamen. Si se considera oportuno aportar el informe completo, un informe pericial tributario estructurado facilita que el actuario lo lea y lo conteste. Si se prefiere mantenerlo como herramienta interna, sus conclusiones pueden orientar el escrito sin necesidad de adjuntarlo. Para redactar el escrito, la guía de alegaciones tributarias ofrece pautas prácticas.
Conclusión
Una segunda opinión pericial sobre una propuesta de liquidación o regularización ofrece una evaluación independiente en el momento en que más influye, antes de que la deuda quede fijada. Puede confirmar que la propuesta es razonable, localizar errores concretos o fundamentar una oposición completa. En todos los casos, mejora la calidad de la decisión y de la defensa, siempre que se solicite con tiempo y con la documentación adecuada.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo necesito para pedir una segunda opinión?
Cuanto antes, porque los plazos de alegaciones son breves. Con una propuesta recién notificada, lo prudente es contactar con el perito en los primeros días y priorizar las partidas más relevantes.
¿Hay que presentar el informe a Hacienda?
No necesariamente. Puede utilizarse como análisis interno o aportarse como prueba en las alegaciones. La decisión depende de su contenido y de la estrategia de defensa.
¿Puede la segunda opinión concluir que la propuesta es correcta?
Sí, y es una conclusión útil. Permite valorar si conviene aceptarla, negociar con acuerdo o evitar un recurso con pocas opciones.
¿Interrumpe los plazos solicitar una revisión pericial?
No. Los plazos de la Administración siguen corriendo mientras el perito trabaja. Por eso hay que contar el tiempo desde la notificación y actuar en consecuencia.
¿Es lo mismo que una tasación contradictoria?
No. La tasación pericial contradictoria es un procedimiento específico para discutir valores comprobados; la segunda opinión es una revisión general que puede aplicarse a cualquier propuesta con componente técnico.
Luis Miguel Larriba, perito judicial acreditado